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TDT: Subvenciones a comunidades de vecinos y viviendas unifamiliares de 1,1 mill
La nueva convocatoria de ayudas para la adaptación a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Cantabria extenderá las subvenciones al sector de la hostelería y a las asociaciones sin ánimo de lucro. En total, la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico ha dotado con 1,1 millones de euros esta cuarta convocatoria, a la que pueden acogerse también, como en ediciones anteriores, comunidades de propietarios y viviendas unifamiliares en zonas de riesgo de exclusión digital.
El consejero, Juan José Sota, y el director general de Transportes y Comunicaciones, Marín Sánchez, presentaron hoy en rueda de prensa la nueva orden de ayudas, que acaba de publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y admitirá solicitudes hasta el próximo 30 de junio.
El objetivo de las ayudas 'Hazte TDT' es contribuir a sufragar los gastos de adaptación de las instalaciones para la recepción de la televisión digital, con el fin último de conseguir que todos los cántabros puedan tener acceso a la nueva señal.
Hasta el momento, la Consejería ha repartido ya unos 200.000 euros en ayudas con las tres convocatorias anteriores, a las que se presentaron alrededor de un millar de solicitudes.
En esta cuarta convocatoria las ayudas están abiertas a aquellos ciudadanos que hayan realizado las adaptaciones a partir del 28 de abril de 2009 y hasta la fecha tope de presentación de solicitudes (el 30 de junio). La novedad es que, además de contemplar subvenciones para comunidades de vecinos y particulares, ahora se incluyen el sector hostelero y las asociaciones.
REQUISITOS Y CUANTÍAS
En el caso de la hostelería, para poder optar a estas ayudas los establecimientos deben estar regentados por autónomos o pymes que empleen como máximo a 25 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supere los dos millones de euros. Además, se exige que la actividad estuviera ya en marcha antes del 1 de enero de este año. Las asociaciones, por su parte, deben ser entidades sin ánimo de lucro con domicilio social en Cantabria.
Se mantienen a su vez las ayudas para comunidades de vecinos y las dirigidas a viviendas unifamiliares, cuando se trate del domicilio habitual y se sitúen en zonas consideradas de riesgo de exclusión digital. En estos casos la subvención será de 300 euros, sin superar la inversión realizada.
En el caso de las ayudas a la hostelería y las asociaciones, la subvención dependerá de la inversión y oscilará entre 300 y 3.000 euros.
Así, habrá ayudas de 300 euros para las inversiones de entre 300 y 500 euros; de 450 euros para quienes inviertan entre 500 y 1.200 euros; ayudas de 1.000 euros para inversiones de entre 1.200 y 2.500 euros; 2.000 euros de ayuda para inversiones de 2.500 a 3.500 euros; y ayudas de 3.000 euros para aquellas inversiones que superen los 3.500 euros.
Las adaptaciones deberán realizarlas instaladores de telecomunicaciones autorizados y adheridos a las convocatorias de ayudas. Para obtener más información los interesados pueden dirigirse al teléfono 942 075 077 ó a la web 'www.tdcan.es'.
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Enviado por editor el Sabado, 6 de Marzo de 2010 (10:00:00) (11 Lecturas)
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Morosidad mete a las comunidades de vecinos en números rojos
 La crisis económica, entre otras muchas consecuencias, se ha convertido en una seria amenaza para la salud financiera de las comunidades de vecinos avilesinas, algunas al borde ya de los números rojos. El crecimiento de la morosidad supone un quebradero de cabeza añadido para unas entidades que suelen trabajar con recursos exiguos, y así lo reconocen los administradores de fincas consultados por este diario.
«El recibo de la comunidad, que en Avilés asciende de media a unos 55 euros, es uno de los primeros gastos que dejan de pagar quienes tienen dificultades económicas. Y eso, en estos tiempos de crisis, se nota y mucho», asegura la administradora Marián Jurado. La consecuencia inmediata de este fenómeno ha sido el notable aumento de los procesos monitorios, trámite jurídico que en caso de persistir el impago desemboca en la apertura de la vía de apremio para el cobro de las deudas.
Si el cobro de los recibos de la comunidad se ha convertido en una tarea ardua, plantear la realización de una derrama no resulta más fácil. «Salvo que sean actuaciones de gran urgencia, las comunidades se piensan muy mucho enfrentarse a obras de envergadura, conscientes de las dificultades económicas de las familias. En el barrio de La Luz, por ejemplo, hay serias dificultades con las reformas de las fachadas, unos trabajos que hay que ejecutar sí o sí porque tienen concedida subvención, pero que tropiezan con el problema de que muchos de los propietarios no están en disposición de hacer frente a la parte proporcional que les toca pagar», indica el administrador de fincas avilesino Ángel Fernández.
Las penurias económicas de las familias también sacan en ocasiones el lado más solidario de las personas: «Conozco casos de comunidades que, sensibilizadas con los apuros que están pasando algunos de sus vecinos, han acordado darles facilidades para el pago aplazado de las deudas de la comunidad en vez de actuar contra ellos», relata Marián Jurado. «Y es que se ven casos muy penosos: parejas jóvenes que apenas pueden pagar la hipoteca porque se han quedado sin trabajo, personas mayores que no les llega la pensión... Y claro, cuando hay que apretarse el cinturón, el de la comunidad es uno de los recibos que primero se devuelve», añade la administradora.
Fuente: lne.es
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Enviado por editor el Viernes, 5 de Marzo de 2010 (23:05:59) (9 Lecturas)
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Congreso insta al Gobierno a eliminar los plazos en alquiler opción a compra
La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó hoy una proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), para que en los contratos de alquiler con opción a compra sean las partes las que establezcan libremente los plazos de arrendamiento.
La LAU establece que el alquiler debe tener una duración mínima de cinco años, independientemente de que sea con o sin opción a compra, explica la iniciativa, lo que provoca que algunos propietarios, muchas veces promotores, no vean interesante esta figura al no poder soportar las cargas financieras durante el tiempo previo a la opción de compra.
Esta iniciativa, presentada por el grupo parlamentario de CiU, establece también que el contrato de alquiler con opción a compra deberá fijar una cantidad no inferior al 60 por ciento de la renta como cuenta del precio de la futura transmisión, en caso de ejercitarse la opción.
La proposición no de Ley fue aprobada con una enmienda del grupo parlamentario popular, defendida por Inmaculada Guaita, quien consideró positiva la libertad de plazos en el caso de la vivienda libre, aunque precisó que en la protegida deben establecerse plazos, importe de la renta y el descuento a la hora de ejercer la compra.
La Comisión de Vivienda también dio luz verde a otra proposición no de Ley del grupo parlamentario popular para modificar las condiciones de acceso y comercialización de la línea ICO moratoria hipotecaria, con el fin de que esta medida llegue a las familias en riesgo de perder la vivienda que constituye su hogar familiar.
Asimismo, el Congreso instó también al Gobierno a revisar el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, a petición del grupo parlamentario ERC-IU-ICV.
En concreto, este grupo pide reducir el diferencial, a la mitad de lo establecido, para el cálculo del tipo de interés efectivo de préstamos convenidos a interés variable.
También insta a que el Plan de Vivienda incluya un criterio explícito y claro para la fijación del tipo de interés en el supuesto de préstamos convenidos a interés fijo, incluyendo una referencia explícita del diferencial a aplicar.
Este diferencial no podrá superar la mitad del que aplica el sistema bancario en sus operaciones privadas de préstamos hipotecarios a interés fijo.
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Enviado por editor el Miercoles, 24 de Febrero de 2010 (19:56:29) (25 Lecturas)
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26 meses de cárcel para presidente de una comunidad
 Un hombre se enfrenta a dos años y dos meses de prisión por haberse apropiado supuestamente de un total de 16.530 euros de la comunidad de propietarios de la que era presidente. Según el fiscal, los hechos se produjeron desde junio de 2007 hasta julio de 2008, cuando fue sustituido por otro presidente. El acusado, J. A. G. M., era el único capacitado para disponer del dinero que la comunidad tenía en una cuenta con Cajastur. El escrito recoge que dos días después de ser nombrado efectuó un reintegro de 1.000 euros, a los que siguieron otros 58 repartidos en todas las mensualidades que duró su mandato, excepto en abril de 2008.
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Enviado por editor el Lunes, 15 de Febrero de 2010 (22:33:18) (51 Lecturas)
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Los vecinos morosos deben una media de 3.815 euros
La deuda de los vecinos que no pagan a su comunidad los gastos comunes, o la de aquellos que no abonan la correspondiente mensualidad a los propietarios de los locales y pisos que están arrendados en Valladolid, creció pese a la crisis por debajo de la media nacional durante el segundo trimestre del 2009, según datos de un estudio del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM). De este modo, mientras que la crisis económica se está cebando con aquellas familias que se han quedado en desempleo, residen en las grandes ciudades o no pueden hacer frente al abono de sus compromisos comunitarios, en el caso de Valladolid los incumplimientos con los dueños han sido menores durante los seis primeros meses del pasado año 2009.
Según el estudio de FIM, los impagos de inquilinos morosos vallisoletanos crecieron entre el 2007 y el 2008 apenas el 0,23%, cuando la recesión no se había hecho notar. Sin embargo, durante el segundo trimestre del 2009 la morosidad vecinal y de propietarios aumentó el 2,33% con una deuda media que se estimó en 3.815 euros por vecino deudor.
Aunque para los propietarios de pisos y vecinos que pagan los gasto de su comunidad es una cantidad importante, esta cifra es la mitad de la media que se registra en España, donde según el informe del Fichero de Inquilinos Morosos la cantidad deudora se estimó en 7.659 euros por incidente de reclamación contabilizado entre abril y junio del 2009.
Madrid, Barcelona, Murcia y Álava se sitúan a la cabeza respecto al índice de morosidad, con cifras medias de 6.878 euros, 14.623, 11.986 y 9.653 euros, respectivamente. No se oculta que las ciudades donde hay más morosidad han estado vinculadas al fuerte desarrollo urbanístico de la última década, en el que se incluye también las zonas de segundas residencias en la costa.
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Enviado por editor el Jueves, 11 de Febrero de 2010 (12:00:59) (82 Lecturas)
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